La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado al personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
El grupo, conocido por investigar muertes en prisión, tortura y corrupción, dice que la represión creciente lo ha obligado al exilio, uniéndose a una creciente ola de periodistas, abogados y activistas que huyen del país. Los críticos acusan a Bukele de consolidar el poder y silenciar la disidencia a través de la intimidación y leyes restrictivas. La represión ha generado temores de un regreso a épocas pasadas de persecución política en El Salvador.
Observadores internacionales advierten que el éxodo de defensores de derechos señala un profundo giro autoritario en el país.
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