La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado al personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Esta medida se enmarca en una amplia represión contra críticos, periodistas y defensores anticorrupción, muchos de los cuales han huido del país temiendo persecución política. Se acusa al gobierno de intensificar la represión, incluyendo vigilancia y arrestos de disidentes, mientras Bukele consolida su poder. La salida de defensores de derechos y periodistas representa un importante revés para la sociedad civil y la vigilancia de derechos humanos en El Salvador.
Los observadores advierten que la situación recuerda a períodos pasados de represión política en la historia del país.
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