La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado a su personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
La medida se produce en medio de una amplia represión a la disidencia, con periodistas, activistas y otros defensores de derechos también huyendo del país. Los críticos acusan a Bukele de consolidar el poder y reprimir la oposición, haciendo comparaciones con épocas pasadas de persecución política en El Salvador. Se ha acusado al gobierno de atacar a quienes investigan la corrupción y los abusos de derechos humanos, incluidas las muertes y torturas en las cárceles.
El éxodo de líderes de la sociedad civil señala una crisis cada vez más profunda para la democracia y los derechos humanos en el país.
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