La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado al personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. La medida se enmarca en una amplia represión contra críticos, periodistas y defensores contra la corrupción, muchos de los cuales han huido del país temiendo persecución política. Cristosal había estado investigando muertes en prisión, torturas y corrupción gubernamental, lo que la convirtió en un objetivo para la administración. El éxodo de defensores de derechos humanos y periodistas señala un endurecimiento del autoritarismo y una creciente represión en El Salvador. Los observadores advierten que la historia se está repitiendo, ya que la disidencia es cada vez más silenciada y las organizaciones de la sociedad civil se ven obligadas al exilio.
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