La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado al personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. El grupo, conocido por investigar la corrupción y los abusos en las cárceles, citó la represión creciente y el arresto de uno de sus empleados como razones clave para irse. Esta decisión sigue un patrón más amplio de periodistas, activistas y otros disidentes que huyen del país debido al miedo a la persecución. Los críticos advierten que la consolidación del poder de Bukele recuerda a represiones autoritarias pasadas en El Salvador. La salida de defensores de derechos plantea serias preocupaciones sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en el país.
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