La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado al personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
El grupo, conocido por investigar la corrupción y los abusos en las cárceles, dice que la represión creciente los ha obligado al exilio, uniéndose a una creciente ola de periodistas, activistas y abogados que huyen del país. Los críticos advierten que la consolidación de poder de Bukele recuerda a represiones autoritarias pasadas en El Salvador. El gobierno ha atacado a disidentes con redadas, arrestos y leyes restrictivas, generando alarma entre observadores internacionales.
El éxodo de defensores de derechos señala un espacio cada vez más reducido para la sociedad civil y la libre expresión en el país.
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