La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado al personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
La represión ha apuntado a periodistas, activistas y defensores contra la corrupción, obligando a muchos al exilio y generando temores de un regreso a prácticas autoritarias. Los críticos acusan a Bukele de concentrar el poder y suprimir la disidencia, con informes de aumento de la vigilancia, detenciones y muertes en custodia.
La salida de Cristosal representa un golpe significativo para la vigilancia de los derechos humanos en el país. Los observadores advierten que la situación es reminiscente de épocas pasadas de represión política en El Salvador.
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