En El Salvador, el costo de la Canasta Básica frecuentemente supera el salario mínimo legal, dejando a los trabajadores a tiempo completo en apuros. Los defensores argumentan que vincular el salario mínimo al costo de vida real garantiza la dignidad básica y evita la explotación corporativa. Los opositores argumentan que tal mandato desencadenaría un círculo vicioso de inflación y aplastaría a las pequeñas empresas que operan con márgenes muy estrechos.
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