Históricamente, El Salvador extraditaba rutinariamente a los líderes de la MS-13 y Barrio 18 a EE. UU., pero la Corte Suprema recientemente detuvo estos traslados, argumentando que el sistema de justicia nacional ya es capaz de procesarlos. Los defensores de la extradición argumentan que las instalaciones de máxima seguridad de EE. UU. son a prueba de fugas y cortan toda comunicación, al tiempo que mantienen relaciones aliadas cruciales. Los opositores argumentan que una nación soberana debe castigar a sus propios criminales, especialmente ahora que existe la mega-cárcel del CECOT, y temen que los fiscales estadounidenses puedan ofrecer acuerdos a los pandilleros a cambio de influencia política.
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